El titular de la CNDH, Luis González Pérez, pidió que se trabaje con Centroamérica para armonizar leyes y proteger a los niños migrantes.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, pidió que México trabaje con otros países de Centroamérica en la armonización de leyes para proteger a los migrantes, especialmente a menores.

En la Cámara de Diputados, señaló que debe haber también un piso común que permita combatir, bajo bases semejantes, la violencia y la discriminación en contra de las mujeres, prevenir y sancionar la trata de personas y proteger derechos de menores de edad.

En la inauguración de una comisión interparlamentaria de derechos humanos, de Presidentes de Congresos de Centroamérica y el Caribe, el titular de la CNDH dijo que las fronteras no se deben convertir en barreras.

Con esta frase, González se refirió a que los abusos de poder y los delitos muchas veces no se investigan objetiva e integralmente conforme a derecho, o no se sanciona a los responsables precisamente porque ocurrió en otro país.

Dijo que una de las situaciones más graves es la problemática de niñas, niños y adolescentes no acompañados en contexto de migración internacional.

“La dimensión real de este problema no la sabemos, sólo la podemos estimar, pero bajo cualquier supuesto es claro que no estamos hablando de cientos sino de miles de casos de niñas y niños que enfrentan solos y bajo las mayores condiciones de vulnerabilidad un recorrido (…) y que frecuentemente son víctimas de abusos, discriminación, violencia y agresiones de todo tipo”, alertó.

Citó que de 2014 a 2015, prácticamente se duplicó el número de “detenidos”, al pasar de 10 mil 943 a 20 mil 368 personas, mientras que en el 2016 fueron cerca de 17 mil 300 las detenciones registradas.

“Obviamente, no se detecta ni detiene a la totalidad de quienes migran bajo estas condiciones, por lo que las cifras verdaderas necesariamente deben ser mayores”, detalló González Pérez.

Explicó que, al no existir registros adecuados sobre la infancia y adolescencia migrante no acompañada, se dificulta el que se pueda identificar, ayudar y protegerlos, generándose un entorno propicio para que se violen sus derechos humanos,

Asimismo, recordó que son objeto de violencia y abusos, además de que puedan ser captados, con mayor facilidad, por el crimen organizado.

“Si bien es cierto que las autoridades mexicanas han emprendido diversas acciones de carácter legislativo y administrativo para su atención, éstas resultan insuficientes y tienen alcances limitados, de ahí la necesidad de que este tema se visibilice y se adopten medidas, no sólo en México, sino a nivel regional para su atención”, dijo el presidente de la CNDH.

“El trato digno y respetuoso para todos, el proporcionar la información necesaria para que quienes migran conozcan y que puedan hacer valer sus derechos, así como la condena y castigo ante conductas discriminatorias (…) deberían formar parte de ese piso normativo común al que me he referido.

“De igual forma, es preciso asumir como premisa los principios de congruencia y corresponsabilidad, conforme los exigimos de otros países en el trato hacia nuestros connacionales”, destacó.

Agregó que las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas en esta región, están frecuentemente vinculadas con problemáticas y fenómenos comunes en la misma.

“Violencia, inseguridad, exclusión, precariedad, debilidad del estado de derecho, bajos niveles educativos y desigualdad, no son cuestiones privativas de un país, toda vez que, con distintos alcances y modalidades, se hacen presentes y afectan la calidad y condiciones de vida de las personas, en los distintos países de la región”, resaltó.

Añadió que el hecho de que se concreten acciones para buscar un mayor reconocimiento y vigencia de los derechos humanos a nivel regional es una cuestión claramente positiva que se debe reconocer y apoyar.

En tanto, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, expuso que los poderes legislativos de los países de Centroamérica deben enfocarse en la homologación de disposiciones que atiendan la violencia, la impunidad y la corrupción.

“Hay una situación de los pueblos indígenas, los movimientos migratorios y el desplazamiento interno forzado de muchas poblaciones, por ello se debe impulsar el intercambio de buenas soluciones y el aprendizaje mutuo”, dijo.

Destacó que el trabajo del Poder Legislativo puede tener un impacto positivo en la situación de derechos humanos en varios ejes de su actuación, como es la armonización legislativa con estándares internacionales.

Agencia Reforma

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