El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos. Así lo establecen tanto el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.

Sin embargo, entre lo que dice la norma y lo que se hace en la práctica hay una brecha abismal. El actual proceso electoral nos lo ha recordado claramente, tanto por las medidas garantistas para impulsar esta representación, diseñada por el INE y ampliada por el TEPJF, como en el periplo, lleno de obstáculos, de María de Jesús Rodríguez, en la búsqueda de apoyos para aparecer en la boleta electoral, con los resultados conocidos.

“Para aparecer en la boleta electoral se necesita garantizar que somos igual o peor que ellos, que si presentamos firmas deben ser falsas o no valen, si gastamos dinero debe ser de oscura procedencia, si decimos algo debe ser una mentira, si acordamos algo serio, debe ser con los políticos corruptos, con las empresas extractivas, con los banqueros, pero nunca, jamás, con el pueblo de México”, es parte del comunicado del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a propósito de su incursión en el proceso electoral 2018, donde impulsaron a Mary Chuy como candidata independiente a la presidencia de la República. Aunque fue la única aspirante que no hizo trampa, no alcanzaron las firmas de apoyo para aparecer en la boleta.

Y es que, esa candidatura evidenció el carácter clasista y racista de una buena parte de la sociedad mexicana, así como la exclusión y falta de pertinencia cultural de las instituciones. Mostró también las limitaciones de un sistema político que no garantiza la representación de los pueblos indígenas.

En México, el 21.5 por ciento de su población se autoadscribe como perteneciente a uno de los 68 pueblos que coexisten en el país; esto es, 25.7 millones de personas.

Es erróneo considerar que candidatos indígenas que ganan una curul, los representan, en tanto que su agenda es marcada por los partidos políticos que les otorgan el registro, no por los pueblos a los que pertenecen. Ejemplo de ello, es que un sinnúmero de reformas legislativas que subordinan, desconocen, o representan un retroceso en el reconocimiento de sus derechos, salvo excepciones, han sido avalados por dichos legisladores.

En el actual proceso, de los 28 distritos electorales de mayoría de población indígena, en 13 partidos y coaliciones están obligados a postular candidatos indígenas y que éstos deben mostrar una autoadscripción calificada. Sin embargo, pese a que diversos estudios han mostrado que esos distritos no han incrementado la presencia indígena en el Congreso federal, esta nueva medida puede posibilitar que lleguen más, pero con la limitante ya expuesta de que se inscriben en una lógica partidista.

En lo que respecta a las plataformas política de partidos y coaliciones contendientes, el tema indígena es marginal, cuando no francamente racista. Las plataformas de los partidos y las coaliciones se refieren a ellos como grupos vulnerables (Coalición Todos por México -TPM: PRI-PVEM-NA, p. 33); como población a la que hay que sacar de la pobreza y el atraso (Coalición Por México al Frente -PMF: PRD-PAN-MC, p. 40); en la contradicción entre el “respeto pleno” y considerarlo grupos vulnerables (Coalición Juntos Haremos Historia -JHH: MORENA-PT-PES, pp. 7,9) (Los documentos pueden consultarse en www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/convenios-de-coalicion/).

Entre los candidatos presidenciales, los indígenas están ausentes. Si bien los tres candidatos tienen un responsable de atender la temática: Xóchitl Gálvez, PMF, extitular de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas en el sexenio de Vicente Fox; Adelfo Regino, JHH, ex asesor del EZLN, ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca y una larga historia en el movimiento indígena; Jesús Fuentes Blanco, TPM, presidente del consejo consultivo de la CDI en el actual sexenio.

Más allá de discursos, reuniones y declaraciones, que han efectuado los candidatos, hasta el momento, únicamente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un instrumento específico con la Agenda Básica: Por una nueva relación entre el Estado Mexicano y los Pueblos Indígenas, en que delinea políticas públicas, cambios legislativos y acciones concretas en la materia y que en buena medida recoge las preocupaciones y demandas en el tema.

En Oaxaca, en donde dos terceras partes de la población se consideran pertenecientes a uno de los 15 pueblos de la entidad, los candidatos al Senado, han eludido el tema. Sí acaso se ocupan de la parte agradable y políticamente correcta que tiene que ver con sus expresiones culturales; nada que ver con fortalecer el derecho a la libre determinación o garantizar la defensa del territorio y de sus recursos naturales.

En éste, que es el proceso electoral más importante del siglo XXI, cobra vigencia, que no debe haber un país en que no se consideren a sus pueblos indígenas, el “Nunca más un México sin nosotros”.

Víctor Leonel Juan Martínez
Correo: victor.leonel@nosotrxs.org
Twitter: @victorleonljuan

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