La comunidad indígena de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca, presentó una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contra una empresa francesa que pretende instalar en sus tierras un parque eólico, sin haber solicitado su autorización y sin haber realizado antes una consulta entre los habitantes.

En entrevista, Juan Antonio López, coordinador del área de justicia transnacional de la organización de derechos humanos Prodesc, explicó que a inicios de 2017, pobladores de Unión Hidalgo comenzaron a reunir evidencias sobre la instalación de un parque de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la compañía paraestatal francesa Électricité de France (EDF).

De acuerdo con el activista, la empresa comenzó a promover la firma de contratos de arrendamiento con algunas personas en particular, lo cual es ilegal, porque la posesión de las tierras del pueblo es comunal.

De igual forma, trató de engañar a los habitantes al prometerles ganancias de más de 50 mil pesos al mes por dejarles instalar aerogeneradores en sus tierras, cuando en realidad la paga sería de 250 pesos por hectárea al año.

Pese al rechazo de buena parte de los habitantes de Unión Hidalgo al proyecto eólico, y a la exigencia de que se realice una consulta previa, libre e informada –como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para los pueblos indígenas–, tanto las autoridades estatales como municipales le externaron su apoyo a la empresa.

López explicó que Eólica de Oaxaca ya obtuvo permisos de trabajo por parte de la Comisión Reguladora de Energía y ya presentó estudios de impacto social y ambiental, pero sin haber involucrado a la comunidad zapoteca en ello, como lo establecen las leyes tanto mexicanas como internacionales en la materia.

El activista recordó que Unión Hidalgo ya ha tenido conflictos con otras empresas trasnacionales, pues en 2010 la compañía española Renovalia Energy instaló un parque eólico a través de la filial Demex, que se impuso también mediante engaños a los habitantes y presiones al gobierno, por lo que la comunidad ya interpuso dos demandas de nulidad de contratos, así como diversos juicios de amparo.

Además del propio despojo de las tierras de los lugareños –a quienes ya no les permiten la entrada a sus propiedades, una vez que aceptan alquilarlas–, los parques eólicos generan erosión en las parcelas donde se asientan, modifican la ruta de vuelo de las aves, producen un ruido que impide el descanso de los habitantes y perjudica los mantos acuíferos, detalló López.

Por todo ello, la comunidad indígena zapoteca (acompañada por Prodesc) presentó el 8 de febrero una queja ante el Punto Nacional de Contacto en Francia, un organismo intermediador de la OCDE, para exigirle a los gobiernos tanto mexicano como francés que intervengan en el conflicto, pues existen directrices según las cuales las empresas se comprometen a respetar los derechos de las comunidades donde se asientan.

lajornadamaya.mx

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