Las indagatorias de PGR por desaparición forzada de personas pasaron de 39 en octubre de 2016 a 63 en febrero de 2018, un aumento del 60%.

En vez de disminuir, las desapariciones forzadas que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) van en aumento.

En un año y cuatro meses aumentaron más de 60 por ciento las indagatorias oficiales por este delito, que implica a agentes del Estado en la desaparición de personas.

Mediante una solicitud de información pública, la PGR reportó en octubre de 2016 que la entonces Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas tenía 39 expedientes abiertos específicamente por desaparición forzada de personas.

Dieciséis meses después, en febrero de este año, los expedientes suman 63, según explicó el titular de la ahora Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo.

En entrevista, detalló que los 63 expedientes involucran a 127 personas, presuntamente víctimas de desaparición forzada.

“Encontramos acá (en la Fiscalía) 852 expedientes que se encuentran en integración en esta Fiscalía y que corresponden a alrededor de mil 600 personas registradas”, comentó.

“De esos 852 expedientes, sólo 63 corresponden al delito de desaparición forzada, es decir, que fueron aperturados por ese delito en específico”.

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, este delito se entiende como “el arresto, la detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado, o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.
Nuevas responsabilidades
Galván Gallardo fue nombrado el 2 de enero titular de la todavía fiscalía de búsqueda, la cual, a raíz de la entrada en vigor de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se transformó el 16 de febrero en un ente investigador.

“La fiscalía de búsqueda venía trabajando con alrededor de 40 policías federales ministeriales, con 40 agentes del ministerio público, y este personal hacía acciones de búsqueda en los expedientes que se encuentran actualmente en esta fiscalía (investigadora)”, indicó.

“Tenemos que replantear y con este personal hacer acciones de investigación. Claro, tenemos nuevas tareas, nuevas responsabilidades, y eso trae como colación, en su momento, el reestructurar para aumentar el capital humano en esta fiscalía”.

Entre las nuevas tareas y responsabilidades se encuentra generar un Banco Nacional de Datos Forenses, que al final será administrado por Servicios Periciales de la PGR, según indicó Galván Gallardo.

Este Banco Nacional de Datos Forenses, que integrará entre otras cosas un Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y un Registro Nacional de Fosas, deberá estar listo a más tardar un año después de la promulgación de la ley, es decir, antes del 16 de enero 2019.

Agencia Reforma

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