Siete de cada diez contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron por adjudicación directa

Durante la actual administración 7 de cada 10 contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación directa.

Es decir, sin que existiera competencia entre los proveedores.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) elaboró el “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” y analizó 700 mil procedimientos de contratación.

Los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016.

Aunque la adjudicación directa está contemplada en la ley, su utilización debería ser excepcional, pues está acotada a la existencia de ciertas circunstancias, por ejemplo, que el proveedor sea el dueño de la patente o que existan razones de seguridad nacional.

“El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, indicó Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO.

En la revisión de los contratos de 2012 a 2016, que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia y de transparencia y la existencia de anomalías diversas.

Estos factores, de acuerdo con la metodología implementada por el IMCO, permiten determinar el nivel de riesgo, debido a que la corrupción es propicia cuando no hay competencia ni transparencia.

Por ejemplo, se detectó que algunas de las empresas a las que se les asignaron contratos carecían de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es decir, que no existen fiscalmente y, por tanto, no podían proveer de ningún bien o servicio al Gobierno.

El procesamiento de la información, que duró casi un año, permitió determinar que casi la mitad de los 2.3 billones de pesos gastados se hizo bajo un riesgo de corrupción alto.

“Aquí no estamos probando que hubo corrupción, lo que estamos probando es que se contrató con altos niveles de riesgo: con poca competencia, con poca transparencia y con muchas anomalías”, señaló Kaiser.

Las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.

Le siguen Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente.

En el caso de la CFE, por ejemplo, la cual tiene 91 unidades compradoras calificadas como de alto riesgo, ejerció un gasto de 424 mil 466.8 millones de pesos en el periodo analizado.

Otro hallazgo importante que arrojó el estudio es el cambio de los ganadores entre un sexenio y otro: las 73 principales empresas que en 2016 se llevaron el 32 por ciento del gasto público, en 2012, durante el último año de la administración panista de Felipe Calderón, sólo obtuvieron el 1.7 por ciento del pastel.

En contraste, las 73 compañías que en 2012 fueron las beneficiarias con el 29 por ciento del gasto ejercido, en 2016 únicamente consiguieron el 1.6 por ciento.

Kaiser recordó que, al inicio de la actual administración, el Ejecutivo pretendía desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP) y permitió que los responsables de cada Secretaría o entidad pública designaran a sus propios contralores, lo que probablemente debilitó la fiscalización de los Órganos Internos de Control (OIC).

“Por lo tanto, a la hora de empezar a hacer las contrataciones, dicen ‘bueno, no importa si lo contrato a empresas que están sancionadas, y tampoco importa si lo hago a empresas que no tienen RFC, y tampoco importa si lo hago a empresas que no han cumplido en contratos anteriores, tampoco importa si lo hago con empresas con las que hay conflicto de interés, porque nadie me está fiscalizando”, advirtió.

Alertan por gasto en sector salud

Las compras que realizan el IMSS y el ISSSTE registran un elevado riesgo de corrupción debido a que el 21 por ciento las realizan a sólo dos proveedores, señaló el IMCO.

Según el estudio “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas”, ambas instituciones ejercieron de 2012 a 2016 un gasto de 548 mil 683.2 millones de pesos.

La mayoría de esos recursos se los llevaron Grupo Fármacos Especializados, que obtuvo 81 mil 476 millones de pesos en contratos, y Farmacéuticos Maypo, que facturó 33 mil 857 millones de pesos.

En todo el Gobierno federal, indica el análisis, existen mil 537 unidades compradoras y, de ellas, 500 fueron catalogadas como de alto riesgo a la corrupción.

Dentro de esas 500 unidades compradoras, 46 pertenecen al ISSSTE y a través de éstas ejerció el 53 por ciento de su gasto.

En el caso del IMSS, se encontró que 42 de sus unidades compradoras se encuentran dentro de las 500 con alto riesgo.

El director Anticorrupción del IMCO consideró que estos datos deberían ser suficientes para que los OIC de ambas entidades pusieran la lupa sobre las adquisiciones que se llevan a cabo.

“Ahí tenemos un tema para atender porque las firmas con más contratos son proveedores de medicamentos, dos de las cuatro dependencias con más alto riesgo son los más grandes compradores de medicamentos de México y varias de las unidades que compran están entre las de más alto riesgo”, resaltó.

Por Agencia Reforma

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