Un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) describe un “patrón consistente de violaciones de derechos humanos” en la investigación conducida por el Estado mexicano.

“No se puede resolver graves violaciones de derechos humanos cometiendo otras graves violaciones de derechos humanos”, advierte el representante de la ONU-DH en México.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, conocida como Ayotzinapa fueron desaparecidos y 6 personas asesinadas por integrantes de la fuerza pública en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero.

A tres años y medio de los hechos, el informe del Alto Comisionado “Doble injusticia: violaciones de derechos humanos en la investigación del caso de Ayotzinapa” documenta un patrón de torturas y encubrimiento en la investigación oficial.

El informe establece una larga lista de violaciones de los Derechos Humanos cometidas en la primera parte de la investigación oficial, entre las cuales se encuentran el uso de la tortura con el fin de obtener confesiones forzadas, detenciones arbitrarias, encubrimiento, no presentación a juez, no respeto a la presunción de inocencia y al derecho a una defensa legal.

Estas violaciones fueron cometidas durante la detención de decenas de personas, quienes permanecen encarcelados.

“Fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura”

“La Oficina identificó lo que configuraría un patrón consistente de violaciones de derechos humanos y modus operandi prácticamente uniforme”, indica el informe.

Enfocado en las violaciones cometidas en la investigación en contra de los detenidos, el documento examina información sobre 63 personas, de un total de 129 personas procesadas en relación con los eventos ocurridos en la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala.

“En 51 casos, detalla el informe, la ONU-DH obtuvo información que indicaba posibles actos de tortura”. En 34 de estos casos “la ONU-DH tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos” por parte del personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (SEMAR)”.

En muchos casos, añade, se ofrecieron “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”.

El informe documenta, además, la existencia de una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.

El documento debilita la versión oficial de los hechos

Esta serie de pruebas contribuye a desvirtuar de nuevo la versión establecida por las autoridades, y calificada de “verdad histórica” por el entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam, para clasificar el caso.

De acuerdo con esta versión, los estudiantes desaparecidos habían sido entregados por los policías municipales a miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero cerca del pueblo de Cocula y tiraron sus cenizas y otros restos en el río San Juan.

Estas conclusiones han sido criticadas por varios informes y declaraciones, especialmente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).

Los hallazgos del informe también concuerdan con las denuncias del Relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez, en su visita y su informe del 2014 donde expresó su preocupación por el uso generalizado de tortura como método de investigación en México.

Sobre todo, el documento describe un sistema de procuración de justicia en violación total de las garantías fundamentales de las personas y de las convenciones internacionales.

Al término de su visita oficial a México, el 7 de octubre de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, había declarado que el caso Ayotzinapa “pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas, que afectan al país entero”.

El informe se concluye con 15 recomendaciones hacia el Estado mexicano, entre ellas la obligación de declarar nula toda prueba obtenida bajo tortura y de investigar los casos de tortura.

También invita a la “transformación profunda” de la actual Procuraduría General de la República para que “sea una institución verdaderamente profesional e independiente que no va a recibir órdenes políticos”, según el Representante de la ONUDH en México, Jan Jarab.

“También se violó el derecho a la verdad a toda la sociedad mexicana”

En entrevista con el Centro de información de la ONU en México, Jarab reafirmó que la ONUDH tiene un mandato para la protección de los derechos humanos en México.

“No se puede lograr la justicia en un caso de una grave violación de derechos humanos cometiendo otras graves violaciones de derechos humanos”,expresó.

“Evidentemente, los 43 estudiantes desaparecidos son las víctimas, sus familias. Pero también los procesados torturados en la primera fase de la investigación”, aseveró.

“Es una doble injusticia porque por un lado los procesados han sufrido tortura y otras violaciones de sus derechos humanos, pero también se violó el derecho a la verdad no solo de las familias, no solo de los sobrevivientes de la tragedia de Ayotzinapa, sino, el derecho a la verdad a toda la sociedad mexicana”.

Con información: ONU Noticias

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