Policías croatas disparan contra furgoneta con inmigrantes ilegales

Policías croatas disparan contra furgoneta con inmigrantes ilegales

El conductor del vehículo ignoró las advertencias y se saltó un control fronterizo entre Bosnia y Croacia; dos niños resultaron heridos

Dos niños resultaron heridos de bala la pasada noche cuando la Policía croata disparó contra una furgoneta que transportaba a 29 inmigrantes indocumentados que se saltó un control fronterizo entre Bosnia y Croacia, informaron hoy fuentes policiales.

Los niños, cuya nacionalidad no se ha desvelado, fueron hospitalizados en la ciudad de Zadar, cerca de donde se produjo el tiroteo, y su vida no corre peligro, según la agencia Hina, que cita fuentes policiales.

Ese medio asegura que los agentes abrieron fuego cuando el conductor del vehículo ignoró las advertencias y aceleró hacia el control establecido por la Policía en la carretera.

Al detenerse el vehículo, el chofer huyó a los bosques cercanos y la Policía encontró en la furgoneta a 29 inmigrantes ilegales, incluidos los dos niños heridos por los disparos.

Varias personas, heridas por el rápido y abrupto movimiento del vehículo, fueron atendidas en el hospital de Gospic.

Bosnia-Herzegovina se ha convertido en una nueva alternativa para muchos refugiados que huyen de conflictos en Oriente Medio y África hacia Europa central.

Por: EFE

Rescatan más de un centenar de civiles de una cárcel talibana

Rescatan más de un centenar de civiles de una cárcel talibana

Tropas afganas realizaron un operativo en la provincia de Helmand, al sur del país; entre los liberados hay cinco mujeres y dos niños

-Las fuerzas especiales afganas rescataron a 105 civiles de una prisión de los talibanes en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, en una operación nocturna en la que además murieron cuatro insurgentes, informaron hoy a fuentes oficiales.

El portavoz del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, Abdul Qayum Nuristani, indicó a Efe que la operación tuvo lugar anoche en el distrito de Kajaki, y que entre los 105 rescatados hay cinco mujeres y dos niños.

“No había miembros de las fuerzas de seguridad entre los liberados, todos eran civiles inocentes que han permanecido cautivos durante meses”, agregó.

Un oficial de comunicación del Ministerio de Defensa, Rasoul Muhammad Sapi, dijo a Efe que “la mayoría de los prisioneros fueron encarcelados acusados de ayudar al Gobierno, no aceptar las ordenes de los talibanes y no pagar las extorsiones de los insurgentes”.

El Ministerio de Defensa afgano indicó en un comunicado que en la operación murieron cuatro talibanes encargados de la vigilancia de la prisión y otro fue capturado, mientras que las fuerzas de seguridad no sufrieron bajas.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, confirmó a través de la red social Viber la operación de las fuerzas afganas y la liberación de los prisioneros, asegurando que todos ellos estaban encarcelados por actividades criminales como asesinato y robo.

El final de la misión militar de la OTAN en Afganistán a principios de 2015 supuso un avance del control territorial de los talibanes en varias zonas del país, especialmente en provincias como Helmand.

De acuerdo con información difundida a final del año pasado por el Inspector Especial General para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) del Congreso de Estados Unidos, el Estado afgano tiene control de alrededor del 56% del país, los talibanes dominan un 11% y el resto es territorio en disputa.

Casi 700.000 sirios desplazados en lo que va de 2018: ONU

Casi 700.000 sirios desplazados en lo que va de 2018: ONU

Cerca de 700.000 sirios se han visto forzados a abandonar sus casas este año por los conflictos en diferentes regiones del país, dijo el martes la autoridad de la ONU que coordina la respuesta a la crisis.

“Estoy profundamente preocupado por el enorme desplazamiento actual de cerca de 700.000 sirios desde el inicio del año por las persistentes hostilidades en el país”, indicó en un comunicado Panos Moumtzis, coordinador regional de ayuda humanitaria para la crisis en Siria.

Más de 400.000 personas han sido desplazadas por operaciones militares en la región norteña de Idlib, así como 133.000 desde Guta Oriental, cerca de Damasco. La violencia continúa en el sur de Damasco y en la provincia norteña de Homs, así como en el noreste y sur de Siria.

Reuters
Reporte de Tom Miles; Editado en español por Ana Laura Mitidieri

Trump cada vez más distanciado de sus propios colaboradores

Trump cada vez más distanciado de sus propios colaboradores

El discurso estaba escrito. Y había varias personas con historias personales emotivas listas para reforzar el mensaje. Pero Donald Trump no tenía ganas de seguir el libreto.

“Al diablo con esto”, dijo el presidente de Estados Unidos al relatar lo sucedido en una presentación de la semana pasada en West Virginia. Trump tiró al aire los papeles con el discurso sobre la reforma fiscal y se agazapó cuando caían. “Dije, ‘esto es aburrido, seamos serios’. Hay que decir las cosas como son”.

A Trump nunca le gustó demasiado apegarse a libretos, pero la forma en que ignoró el discurso que le habían preparado ilustra una nueva fase en su presidencia, que lo muestra cada vez más distanciado de su propio equipo de asesores, molesto con las tácticas que emplean para tratar de encaminarlo en cierta dirección.

Uno de los recursos preferidos del personal es presentarle al mandatario las cosas de modo tal que la única decisión viable es la que ellos quieren que tome. Pero después de 14 meses en la presidencia, Trump se ha dado cuenta de lo que sucede y parece decidido a dejar en claro que no quiere que lo manipulen.

Ese fue el mensaje que un irritado Trump le hizo llegar al equipo de seguridad nacional la semana pasada en una reunión a puertas cerradas sobre el papel de Estados Unidos en la crisis de Siria.

Los asesores de Trump, incluidos el secretario de defensa Jim Mattis y el comandante general de las fuerzas armadas, general Joseph Dunford, planteaban que la presencia de Estados Unidos era necesaria para garantizar estabilidad. La idea era usar los mismos argumentos que el año pasado convencieron a Trump de mantener soldados en Afganistán indefinidamente. Pintaban un panorama tétrico de lo que sucedería si se iban, de un caos regional que beneficiaría a Rusia e Irán, y de la posible reaparición de la organización Estados Islámico.

Pero esta vez, antes de que pudiesen siquiera iniciar su presentación el martes, Trump dejó en claro que quería retirar a los soldados estadounidenses de inmediato. Se produjo entonces una discusión que aumentó el distanciamiento entre el presidente y su equipo, y dejó a los militares con la orden de retirar a los efectivos estadounidenses de Siria en seis meses.

Más de diez funcionarios actuales y ex funcionarios de la Casa Blanca, así como consultores de afuera, hablaron del tema con la Associated Press a condición de no ser identificados en vista de que estaban divulgando conversaciones internas.

La nueva dinámica tiene que ver con cambios de personal y en la actitud de Trump. El ex secretario del despacho de la Casa Blanca Rob Porter, por ejemplo, era visto como una persona en la que Trump confiaba, un intermediario honesto que se aseguraba de que le presentaban todas las opciones disponibles.

Durante las conversaciones en torno a Afganistán, los colaboradores se esforzaron por generar la impresión de que estaban tomando en cuenta la perspectiva de Trump. Pero con Siria, aseguran asesores de Trump, el mandatario sintió que lo estaban forzando a actuar de determinada manera.

Lidiar con un jefe que no acepta sugerencias no es fácil. Quienes lo han podido hacer generalmente se manejaron con mucha cautela. Se dice que algunos asesores, conscientes de que Trump se deja influenciar mucho por lo que ve en la televisión, han llamado a algunos comentaristas televisivos para pedirles que enfaticen ciertos temas en la esperanza de que el mensaje cale en Trump. Lo mismo habrían hecho otros gobiernos y sectores.

Gente como el primer jefe de despacho de Trump Reince Priebus dilataban la formulación de recomendaciones en la esperanza de que Trump cambiase de parecer.

Eso fue lo que intentaron los partidarios del comercio libre cuando Trump sopesaba la imposición de aranceles a ciertos productos chinos. Pero Trump se hartó de esperar y estalló.

En medio del caos que se generó tras la partida de Porter, el secretario de comercio Wilbur Ross y el asesor Peter Navarro alentaron a que Trump tomase medidas proteccionistas y figuras como el secretario del tesoro Steve Mnuchin y el director del Consejo Económico Nacional Gary Cohn quedaron mal parados. Cohn renunció al ver que Trump estaba decidido a fijar tarifas.

Hay quienes dicen que Trump siempre estuvo consciente de las maniobras de sus asesores y que solo les seguía la corriente. Pero ha habido un cambio en la forma en que Trump se relaciona con sus colaboradores, motivada probablemente por cambios de personal que debilitaron al jefe del despacho presidencial John Kelly.

En las últimas seis semanas, el proceso de toma de decisiones que supervisaba Porter se desmoronó y hay gente de afuera que tiene más acceso al presidente.

AP

Años viviendo en EE. UU., pero siempre con estatus “temporal”

Años viviendo en EE. UU., pero siempre con estatus “temporal”

El Congreso debería establecer una vía para la regularización de inmigrantes con lazos afianzados

La legislación estadounidense debería reformarse para brindar una vía que permita la regularización permanente de personas que han vivido en este país durante muchos años con Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS), señaló hoy Human Rights Watch. Cientos de miles de personas han forjado sus vidas en Estados Unidos mientras estuvieron aquí legalmente amparados por ese programa.

En marzo de 2018, Human Rights Watch entrevistó a familias haitianas en Miami cuyas vidas, construidas en EE. UU., están ahora en un limbo, debido a que podrían perder su estatus de protección. En diciembre de 2017, Human Rights Watch documentó evidencias del perjuicio causado por la deportación de inmigrantes autorizados y no autorizados que no considera adecuadamente los derechos al hogar y la familia.

“Los haitianos en situación de TPS ha vivido en EE. UU. un promedio 13 años, y en el caso de los salvadoreños, el promedio es de 21 años”, apuntó Clara Long, investigadora sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch, citando cifras calculadas por el Centro de Estudios sobre Migración (Center for Migration Studies). “El Congreso no debería dejar a estas personas a merced de un sistema inmigratorio fallido que, prácticamente, no toma en cuenta los lazos familiares y comunitarios que han entablado en EE. UU.”.

En 2017, el gobierno de Trump manifestó que no renovaría las garantías de TPS para los ciudadanos de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador tras haberles concedido una última extensión de 18 meses. Casi 1.000 ciudadanos sudaneses, 5.000 nicaragüenses, 60.000 haitianos y 260.000 salvadoreños perderían su condición de TPS para septiembre de 2019. En mayo de 2018, como última fecha, el gobierno decidirá si 86.000 ciudadanos hondureños podrán renovar su estatus.

El derecho internacional de los derechos humanos exige garantizar una audiencia justa e individualizada a todas aquellas personas que puedan ser deportadas. La ley además debería ponderar los vínculos de la persona con familias y comunidades estadounidenses frente al interés del gobierno en deportarla. Un sistema humano y racional no debería esperar hasta el momento de la deportación para considerar estas cuestiones, expresó Human Rights Watch. En cambio, el Congreso debería crear un programa justo e inclusivo de legalización que reconozca la debida importancia a los nexos de los inmigrantes con Estados Unidos.

Human Rights Watch ha instado desde hace mucho tiempo al gobierno estadounidense a respetar y proteger a las familias a través de sus políticas inmigratorias, proteger a los inmigrantes frente a delitos y abusos en el lugar de trabajo, establecer un proceso de legalización que defienda eficazmente los derechos fundamentales de los cerca de 11 millones de inmigrantes no autorizados, y enfocar las medidas de control en amenazas que sean genuinas y garantizar los derechos de debido proceso de todas las personas.

Numerosas familias haitianas hablaron a Human Rights Watch sobre su vida en EE. UU. y lo que les inquieta del futuro:

Rony Ponthieux, de 49 años, ha estado en EE. UU. desde 1999 y obtuvo la condición de Estatus de Protección Temporaria en 2010. Se convirtió en profesional de enfermería habilitado en 2013, y atiende a pacientes con problemas respiratorios como neumonía y tuberculosis en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Si pierde la condición de TPS el próximo año, no sabe que hará con su hija estadounidense de 10 años de edad, Ronyde Ponthieux. “¿Quién se va a ocupar de mí si me quedo aquí?”, dijo Ronyde. “Y si nos trasladamos a Haití, va a ser muy difícil para mis padres. Yo no hablo francés y si quisiera asistir a una escuela estadounidense, eso costaría un montón de dinero”.
“Erick F.”, de 47 años, llegó a EE. UU. hace cerca de 10 años. Ha trabajado como conductor de Uber porque, según dijo, los empleadores son reacios a contratar personas con estatus temporario. Anteriormente trabajaba para una empresa de envíos estadounidense. “No podemos hacer ningún tipo de planes”, expresó. “No sé cómo se supone que volveríamos a Haití, pues mi familia perdió todo en el terremoto”. La hija estadounidense de Erick, de seis años de edad, no habla francés ni criollo haitiano, explicó. “Cuando vives en un país tantos años, se vuelve tu país. Nosotros respetamos la ley. Cumplimos las normas. No esperábamos que el gobierno fuera a decir ‘tienen que irse’”.
“Leomar P.” ha estado en EE. UU. 12 años y tiene dos hijos nacidos en el país. Contó que pudo comprar una casa luego de trabajar años como lavaplatos en Miami, pero que si lo deportaran perdería todo eso. “Pago impuestos y pago los servicios”, afirmó. “Si me deportan, voy a tener que irme sin nada”.
“Danielle J.” guarda fotografías de dos niños como fondo de pantalla: su hija y el pequeño con autismo que cuida en su trabajo como asistente del hogar. “He estado con la familia tres años”, contó. “Él es mi bebé. Su madre dice que necesita que yo esté con él, ¿cómo es que pueden deportarte?”. La hija de cuatro años de Danielle, que tiene ciudadanía estadounidense, padece asma, según nos contó su madre, a quien le preocupa que no pueda obtener los medicamentos que necesita si es enviada de regreso a Haití.
Estas inquietudes son sintomáticas de la profunda ansiedad que existe en la comunidad haitiana, expresó Marleine Bastien, directora de Family Action Network Movement, con sede en Miami. “Es realmente dramático que se deporte a estas personas”.

Family Action Network Movement fue uno de los actores en una demanda interpuesta este mes, que reclama que se revierta la decisión del gobierno de Trump de no renovar el TPS para los ciudadanos haitianos. La demanda sostiene que, como consecuencia de los temores que acechan actualmente a la comunidad haitiana en el Sur de la Florida, esta organización también ha experimentado un aumento en la cantidad de derivaciones de niños y niñas a su programa de salud mental para el tratamiento de trastornos de ansiedad y depresión situacional.

El mes pasado, NAACP Legal Defense Fund planteó en una demanda en la justicia federal que la decisión del gobierno con respecto al TPS era “irracional y discriminatoria”, y que estaba influenciada por la “hostilidad pública hacia los inmigrantes de color” manifestada por el presidente Donald Trump.

Otra demanda interpuesta en California en nombre de hijos con ciudadanía estadounidense de beneficiarios de TPS señala que la cancelación por el gobierno del estatus protegido a personas que residen en EE. UU. desde hace tiempo y son oriundos de Haití y El Salvador “viola los derechos constitucionales de los hijos con ciudadanía estadounidense y en edad escolar de beneficiarios de TPS, al enfrentarlos a una elección imposible: irse del país o vivir sin sus padres”.

“El Congreso debería abocarse de manera urgente en asegurar que los inmigrantes que tengan lazos afianzados desde hace tiempo, incluidos los beneficiarios de TPS, puedan seguir contribuyendo a sus comunidades y a la economía estadounidense, y sosteniendo a sus familias”, opinó Long. “Exponer a otros cientos de miles de inmigrantes que tienen lazos arraigados a la amenaza constante de deportación es una fórmula perfecta para que haya abusos de derechos”.

Con información de Human Rights Watch

Denuncian la existencia de “escuadrones de la muerte” dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas de El Salvador

Denuncian la existencia de “escuadrones de la muerte” dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas de El Salvador

El Comité de Derechos Humanos de la ONU reveló sus observaciones sobre la situación de estas garantías en El Salvador y Guatemala y destacó que, a pesar de que se han producido avances, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia contra la mujer y la corrupción, entre otros flagelos, continúan en ambas naciones.

En el Salvador hay un aumento de personas asesinadas por la Policía y las Fuerzas Armadas y existen “escuadrones de la muerte” que operan dentro de estas instituciones, denuncian los expertos independientes de derechos humanos.

También se han presentado casos de tortura, malos tratos y abuso de la fuerza por parte de funcionarios públicos y continúan las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Lo más preocupante, es que estos casos permanecen en la impunidad, dice el Comité, y recomienda fortalecer el rol de la Policía Nacional en sus funciones de mantenimiento del orden público.

“Lo más importante para el Comité es que no solamente se pueda llegar a la verdad pero que se pueda saber dónde estan los cuerpos de las víctimas, que estos puedan ser entregados a sus familias y que pueda haber una reparación, porque sobre todo las personas que están implicadas son agentes del Estado”, declaró en una entrevista con Noticias ONU José Manuel Santos País, uno de los miembros del comité.

Santos País agregó que se necesita una investigación transparente de los hechos y garantizar que los tribunales puedan juzgar sin ninguna interferencia.

Los expertos también expresan preocupación sobre la ausencia de un marco legal exhaustivo contra la discriminación y la persistencia de los abusos contra personas afrodescendientes, indígenas, migrantes, discapacitadas y de la comunidad LGTBI, en especial en las áreas de educación, salud, vivienda y empleo.

“El Comité está alarmado por el elevado número de casos de amenazas, agresiones y asesinatos, incluyendo por agentes estatales, contra las personas LGBTI, y en particular, las personas transgéneros, así como por el elevado índice de impunidad de estos crímenes”, lee el informe.

Los derechos de las mujeres también son motivo de preocupación
La brecha salarial entre mujeres y hombres en vez de disminuir continúa aumentando en El Salvador, denuncian los expertos. También hay una limitada participación de las mujeres en la vida política y pública y su subrepresentación en los puestos de toma de decisiones y cargos públicos.

El comité pide además al gobierno intensificar sus esfuerzos para acabar con las elevadas tasas de violencia doméstica y sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, incluida la explotación sexual por maras y pandillas, así como el alarmante número de feminicidios anuales y por el hecho que los crímenes no son denunciados y generalmente quedan impunes.

Los expertos también reiteran la preocupación demostrada por otras instancias de la ONU sobre la criminalización total del aborto, que obliga a mujeres y niñas a recurrir a procedimientos inseguros que ponen el peligro su vida y su salud.

“…Preocupan las desproporcionadas condenas de hasta 40 años de prisión que se imponen, bajo acusación del delito de homicidio agravado, no solo a las mujeres que tratan de abortar, sino también a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo. El Comité está preocupado por los informes relativos a la elevada tasa de suicidios entre las embarazadas y por el hecho que mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto”, expresan.

Guatemala y sus desafíos ante la corrupción
En su informe sobre Guatemala, el comité asegura que el país debe reforzar la independencia del poder judicial y lamentó que el proceso de reformar la constitución con este fin se haya suspendido.

A los expertos les preocupa el mandato limitado de los jueces y magistrados, la politización del sistema de selección y el nombramiento de altas autoridades judiciales y la falta de separación de las funciones de la Corte Suprema de Justicia.

Además, en su informe hacen énfasis en los actos de intimidación de los que ha sido objeto el Procurador de los Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones y aunque ensalzan “los progresos logrados” por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la lucha contra la corrupción, advierten que “decisiones políticas” pueden frenar los progresos conseguidos.

“Hay indicaciones contradictorias sobre que se mantenga o no la comisión contra la corrupción. Lo más importante es que ésta pueda trabajar con el ministerio público y los tribunales puedan juzgar sin trabas”, dice José Manuel Santos País.

El Comité pone como ejemplo que el presidente de la República, Jimmy Morales, ha declarado persona non grata al comisionado de la CICIG Iván Velásquez.

La discriminación y las mujeres
En Guatemala la situación de discriminación es aún peor que en El Salvador, no existe una legislación que la prohíba ni condene los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género o proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero.

En el caso de las mujeres, aunque ha aumentado su participación en la fiscalía y su participación en puestos de dirección, existe un bajo nivel de representación en el Congreso y puestos ministeriales. Lo mismo ocurre con las personas indígenas y afrodescendientes.

“También nos preocupan las informaciones relativas a la aún baja participación de las mujeres en actividades económicas, su segregación en el sector informal y la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito rural, pese a las importantes campañas de sensibilización realizadas”, dicen los expertos.

Además, se denuncia la persistencia de prácticas discriminatorias en las empresas, como las pruebas de embarazo durante los procesos de reclutamiento, y la falta de medidas que sancionen el acoso sexual.

Los feminicidios continúan ocurriendo en números muy altos y el comité dijo verse preocupado por el aumento progresivo de este tipo de violencia y las pocas condenas en los casos de violencia de género y trata de personas.

Otro foco de preocupación son los niños, que muchas veces ni siquiera son registrados al nacer debido a que aún las instancias del gobierno cobran un impuesto municipal, a pesar de que este fue abolido en 2015.

Además, en Guatemala aún se presentan casos de trabajo infantil, principalmente de pequeños indígenas en los sectores de agricultura y comercio, además de la exposición de niñas y niños a la explotación laboral y sexual.

Observaciones finales
Ambos informes abarcan otra gran cantidad de temáticas sobre las que se necesita mejorar en ambos países centroamericanos.

“Lo más importante de estas observaciones finales es que los Estados sepan que estamos atentos a estos problemas y que la próxima vez les vamos a preguntar qué es lo que han hecho para solucionarlos. Nuestras conclusiones van a ser un elemento esencial para evaluar el próximo informe y yo creo que los Estados han comprendido perfectamente nuestra posición y han mostrado mucho deseo de corresponder en la medida de lo posible”, explica el miembro del comité José Manuel Santos País.

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes.

Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. Inicialmente los Estados deben presentar un informe un año después de su adhesión al Pacto y luego siempre que el Comité lo solicite (por lo general cada cuatro años). El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.

El Comité se reúne en Ginebra o en Nueva York y normalmente celebra tres períodos de sesiones al año.

Con información de Noticias ONU