La página que sigue

La página que sigue

Víctor Leonel Juan Martínez*

“Papá, que haya otra página, que no termine la historia”, me dice mi hija de tres años cuando escucha el final de algún relato. Con la inocencia de su edad, marca el rumbo de la siguiente página, acomoda los personajes e inventa la trama que debo seguir y. muchas veces, me pone en serios aprietos.

El actual proceso electoral nos obliga a reflexionar en la página que sigue, después del 1 de julio. Ese día se realizaron las elecciones más importantes del siglo XXI. No sólo por los cargos en disputa: 18 mil 299. Entre ellos, la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Hubo elecciones locales en 30 entidades y se renovaron mil 596 ayuntamientos. Más allá de las cifras, los resultados modificaron sustancialmente la geografía política en México y reconfigurarán el actual sistema de partidos.

Como no ocurrió en el 2000, en que hubo alternancia en la presidencia de la república, pero se mantuvo el modelo político-económico, no se desmanteló el régimen autoritario y se detuvo la transición democrática, ahora hay altas probabilidades de cerrar un ciclo de políticas y gobiernos neoliberales. La posibilidad de un cambio de régimen político, cobra mayores visos que hace 18 años.

Si situamos el inicio del proceso de transición en el movimiento estudiantil de 1968, está cumpliendo medio siglo. Si consideramos que inició con la profunda reforma política electoral de 1977, lleva cuatro décadas. Y si, tomamos como arranque la insurgencia cívica-electoral de 1988, cumple 30 años.

Más allá de la fecha, lo importante es vislumbrar los ámbitos en que se ha desarrollado: la movilización social, el espacio electoral, la participación en las urnas. Y en todo ello, la concurrencia de la sociedad civil como ariete para la reflexión, como generadora de propuestas e impulsora de cambios profundos: institucionales, normativos y de cultura política.

El movimiento navista en San Luis Potosí; la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo en Oaxaca; la resistencia cívica de los panistas en Chihuahua; los hombres y mujeres que se en 1985 se convirtieron en rescatistas y politizaron –en el mejor sentido de la palabra— la tragedia; la dinámica intensa y movilizadora de la izquierda, partidista y no; el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y los años subsecuentes; la observación electoral coordinada por Alianza Cívica en el 94. Y miles de ejercicios ciudadanos más a lo largo y ancho del país, se concatenaron con al quehacer partidario que pugnaba por la transición democrática.

Pero, en el 2000, la ciudadanía pareció haber concluido su tarea y dejado el ejercicio de gobierno a los políticos profesionales. Vicente Fox frivolizó la institución presidencial y los partidos homogeneizaron prácticas viciosas y no estuvieron a la altura del reto de construir instituciones democráticas, con justicia social y participación ciudadana.

Hoy, se presenta otra oportunidad de un cambio sustancial en el país. Pero nuestra tarea no se puede limitar a depositar un voto en las urnas. Ni la emisión del sufragio, ni la movilización social, ni la participación activa de la sociedad civil, son el corolario de la democracia, sino apenas su inicio.

No dejemos la tarea a una clase política que ha mostrado su fracaso. Defendamos los espacios conquistados por la ciudadanía y recuperemos las instituciones que nos han secuestrado. En esta tarea Nosotrxs, como movimiento nacional, está obligado a no cejar en su lucha, a convertirse en el articulador de la búsqueda de soluciones a las causas que lastiman a la sociedad mexicana; en el actor que exige a las autoridades, que se une a otros movimientos que expresan la diversidad y pluralidad del país, que empuja cambios y que está dispuesto a la construcción activa, crítica, reflexionada, de la siguiente página de la historia de México.

No se trata de cerrar una página, del borrón y cuenta nueva, que mucho se ha escrito desde la movilización social, ciudadana y partidista, para llegar a la actual etapa. Se trata, sí, de dotar a la siguiente página de un contenido diferente. Ese fue el mandato del 1 de julio.

Que haya una intensa movilización social y una creciente participación de la sociedad civil. Y que, con el conjunto de la ciudadanía, empujemos a una actuación comprometida y ética de gobernantes y legisladores. Que sea esa y no otra, la siguiente página que escribamos para nuestros hijos.

*Representante estatal del Movimiento Nacional Nosotrxs

Correo: victor.leonel@nosotrxs.org
Twitter: @victorleonljuan
FB: victor.leonel.92

Ejecuciones y elecciones en Oaxaca

Ejecuciones y elecciones en Oaxaca

Hace menos de una década la Entidad Oaxaqueña no vislumbraba el fenómeno que hoy parece ser el denominador común en el resto del país la “narcoviolencia”es producto de la crisis nacional en el tema de Seguridad Publica, hoy este fenómeno ha permeado los diferentes esferas sociales, los medios de comunicación y redes sociales dedicados a dar las noticias de nuestra identidad han ido registrando el aumento de actos criminales relacionados con grupos del crimen organizado, las regiones más afectadas por estos actos son la Cuenca del Papaloapan, la Costa, la Mixteca y el Istmo de Tehuantepec en especial Juchitán de Zaragoza que ocupa el noveno lugar de los 10 municipios más violentos del País.

Según datos tomados del Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en Juchitán mueren 91 personas por cada 100 mil habitantes en actos considerados violentos, en Tuxtepec la tasa de homicidios es de 49 personas por cada 100 mil habitantes, estos datos durante el 2018, estos decesos en su mayoría están tocados por actividades ilícitas ya que tienen relación directa e indirecta con grupos del crimen organizado o como comúnmente le llamados “carteles”, este fenómeno violento se debe a la inestabilidad de control de plazas de estos grupos,  principalmente en la incapacidad del Estado Mexicano para realizar el trabajo dentro del Estado de derecho que garantice la Seguridad de Todos los Mexicanos, ya que los actores principales para erradicar estos actos han minimizado la problemática obedeciendo a situaciones políticas y electorales, en Oaxaca a principios de año el Cartel Jalisco Nueva Generación irrumpió en calles de Loma Bonita, esto se documentó mediante videos y material fotográfico publicado en grupos y plataformas digitales (Facebook y Twitter), sin embargo nuestro Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez se pronunció mediante una conferencia de prensa donde tajantemente dijo “Podemos afirmar que ningún cartel está establecido en Oaxaca, pero que no significa que no exista pugna entre células delictivas que buscan y pelean espacios”, así también el secretario de seguridad pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui el 21 de marzo negó contundentemente que existiera grupos del crimen organizado en Oaxaca.

Las cifras en crímenes han aumentado de manera acelerada en todo el territorio oaxaqueño, en el año 2017 se cometieron 332 homicidios intencionales de enero a abril del año en curso ,en los 4 primeros meses se han cometido 415 homicidios intencionales, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, lo significa un 20% de aumento en relación a años anteriores, de estas cifras al menos el 70% de estos crímenes son cometidos por grupos delictivos relacionados con el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas, según datos de la consultora Etelekt, en consecuencia de pugnas internas y control de plazas con bandas rivales.

No es sorprendente que la Política oaxaqueña ha permitido el entrometimiento de actores criminales que buscan asentar su poder sobre la población y así legitimar la imagen de estos cacicazgos dedicados al crimen para poder realizar las actividades ilícitas a las que se dedican. Recientemente la sociedad oaxaqueña se estremeció al enterarse del homicidio de dos jóvenes mujeres y un tercero a manos de supuestos sicarios que podría leerse como ajuste de cuentas al Cartel de Juchitán liderado por Juan Terán Regalado padre de la occisa Pamela Terán Pineda candidata a segunda Concejal por el municipio de Juchitán de Zaragoza.

El Gobernador del Estado de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa a poco más de 24 horas de estos actos, en una acción tardía lanza la “Fuerza especial de Seguridad Oaxaca” con 500 elementos mixtos entre el Estado y la Federación desplegados en la región del Istmo de Tehuantepec principalmente, recordando quizá el 2 de Diciembre del año 2006 día en que se declaró la guerra al Narcotráfico mexicano por el entonces Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, el Mandatario Oaxaqueño respondiendo a la presión social y a la imagen que obtendrá su partido en las próximas elecciones del 1 de Julio espera contrarrestar los actos delictivos que tienen a la región istmeña sumida en la desesperanza.

Pueblos indígenas y elecciones

Pueblos indígenas y elecciones

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos. Así lo establecen tanto el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.

Sin embargo, entre lo que dice la norma y lo que se hace en la práctica hay una brecha abismal. El actual proceso electoral nos lo ha recordado claramente, tanto por las medidas garantistas para impulsar esta representación, diseñada por el INE y ampliada por el TEPJF, como en el periplo, lleno de obstáculos, de María de Jesús Rodríguez, en la búsqueda de apoyos para aparecer en la boleta electoral, con los resultados conocidos.

“Para aparecer en la boleta electoral se necesita garantizar que somos igual o peor que ellos, que si presentamos firmas deben ser falsas o no valen, si gastamos dinero debe ser de oscura procedencia, si decimos algo debe ser una mentira, si acordamos algo serio, debe ser con los políticos corruptos, con las empresas extractivas, con los banqueros, pero nunca, jamás, con el pueblo de México”, es parte del comunicado del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a propósito de su incursión en el proceso electoral 2018, donde impulsaron a Mary Chuy como candidata independiente a la presidencia de la República. Aunque fue la única aspirante que no hizo trampa, no alcanzaron las firmas de apoyo para aparecer en la boleta.

Y es que, esa candidatura evidenció el carácter clasista y racista de una buena parte de la sociedad mexicana, así como la exclusión y falta de pertinencia cultural de las instituciones. Mostró también las limitaciones de un sistema político que no garantiza la representación de los pueblos indígenas.

En México, el 21.5 por ciento de su población se autoadscribe como perteneciente a uno de los 68 pueblos que coexisten en el país; esto es, 25.7 millones de personas.

Es erróneo considerar que candidatos indígenas que ganan una curul, los representan, en tanto que su agenda es marcada por los partidos políticos que les otorgan el registro, no por los pueblos a los que pertenecen. Ejemplo de ello, es que un sinnúmero de reformas legislativas que subordinan, desconocen, o representan un retroceso en el reconocimiento de sus derechos, salvo excepciones, han sido avalados por dichos legisladores.

En el actual proceso, de los 28 distritos electorales de mayoría de población indígena, en 13 partidos y coaliciones están obligados a postular candidatos indígenas y que éstos deben mostrar una autoadscripción calificada. Sin embargo, pese a que diversos estudios han mostrado que esos distritos no han incrementado la presencia indígena en el Congreso federal, esta nueva medida puede posibilitar que lleguen más, pero con la limitante ya expuesta de que se inscriben en una lógica partidista.

En lo que respecta a las plataformas política de partidos y coaliciones contendientes, el tema indígena es marginal, cuando no francamente racista. Las plataformas de los partidos y las coaliciones se refieren a ellos como grupos vulnerables (Coalición Todos por México -TPM: PRI-PVEM-NA, p. 33); como población a la que hay que sacar de la pobreza y el atraso (Coalición Por México al Frente -PMF: PRD-PAN-MC, p. 40); en la contradicción entre el “respeto pleno” y considerarlo grupos vulnerables (Coalición Juntos Haremos Historia -JHH: MORENA-PT-PES, pp. 7,9) (Los documentos pueden consultarse en www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/convenios-de-coalicion/).

Entre los candidatos presidenciales, los indígenas están ausentes. Si bien los tres candidatos tienen un responsable de atender la temática: Xóchitl Gálvez, PMF, extitular de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas en el sexenio de Vicente Fox; Adelfo Regino, JHH, ex asesor del EZLN, ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca y una larga historia en el movimiento indígena; Jesús Fuentes Blanco, TPM, presidente del consejo consultivo de la CDI en el actual sexenio.

Más allá de discursos, reuniones y declaraciones, que han efectuado los candidatos, hasta el momento, únicamente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un instrumento específico con la Agenda Básica: Por una nueva relación entre el Estado Mexicano y los Pueblos Indígenas, en que delinea políticas públicas, cambios legislativos y acciones concretas en la materia y que en buena medida recoge las preocupaciones y demandas en el tema.

En Oaxaca, en donde dos terceras partes de la población se consideran pertenecientes a uno de los 15 pueblos de la entidad, los candidatos al Senado, han eludido el tema. Sí acaso se ocupan de la parte agradable y políticamente correcta que tiene que ver con sus expresiones culturales; nada que ver con fortalecer el derecho a la libre determinación o garantizar la defensa del territorio y de sus recursos naturales.

En éste, que es el proceso electoral más importante del siglo XXI, cobra vigencia, que no debe haber un país en que no se consideren a sus pueblos indígenas, el “Nunca más un México sin nosotros”.

Víctor Leonel Juan Martínez
Correo: victor.leonel@nosotrxs.org
Twitter: @victorleonljuan

Un peligro para la democracia

Un peligro para la democracia

“Si la calidad de nuestra vida política es el resultado de la ‘transición a la democracia’, entonces es claro que arribamos al lugar equivocado”, nos dice con agudeza Lorenzo Meyer al analizar la “transición mexicana”. El proceso electoral 2018 nos lo confirma plenamente, pero algo similar ya ha ocurrido en años anteriores.

La expresión máxima de la democracia, el momento de elegir a nuestros gobernantes, se ha convertido en un serio riesgo para la vida democrática. Pero lo es, por los valores antidemocráticos que priman en ella y que ha conducido a la desconfianza de la ciudadanía respecto a las instituciones, los partidos, candidatos y la calidad del proceso.

En México, de acuerdo a E-Cívica, sólo un 38% de su población apoya a la democracia, pero nada más el 19% se encuentra satisfecho con ella y únicamente el 17% se siente representado en el congreso y el 26% tiene confianza en la limpieza de las elecciones. Esto es, el debilitamiento de la democracia está en serio riesgo. Y el peligro no es un candidato en particular, sino un régimen que ha construido un abismo entre las cúpulas en el poder y la sociedad mexicana con toda su diversidad y pluralidad.

Ya el Informe Latinbarómetro alerta sobre estos riesgos, que ocurren no sólo en México: “El lento declive de la democracia es invisible, como la diabetes, podemos constatar la existencia del problema, pero, salvo excepciones, los países no acusan síntomas que llamen a la alarma de los actores políticos y sociales”. Hay síntomas, sin embargo, en el contexto internacional y nacional que nos hablan de los peligros que corre la democracia y que es oportuno recordarlos.

En 2016, en Colombia una exigua mayoría de quienes acudieron a las urnas —menos de la mitad de electores— decidieron decir NO a la paz. Los impulsores de la campaña por el no, revelaron que manipularon la información, mintieron y esgrimieron tendenciosamente datos para presentar como un voto por la impunidad, el aprobar los acuerdos de paz con la guerrilla colombiana.

En Inglaterra, con una participación del 72% del electorado, ganó la separación de la Unión Europea. Los promoventes de la escisión basaron una campaña en los peligros de la mayor presencia de inmigrantes y la superioridad del pueblo inglés.

En Estados Unidos, el republicano Donald Trump ganó la presidencia tras una campaña basada en el odio contra los inmigrantes, los musulmanes, la superioridad de la raza blanca, el endurecimiento contra las disidencias. Valores antidemocráticos de sí.

No vayamos tan lejos. En México, tardamos décadas en construir instituciones democráticas, para que, en unos años, la clase política y los partidos las destruyeran. La pluralidad partidista, se ha convertido en una homogénea clase política que defiende sus intereses y se aleja de la sociedad. Las elecciones, no son sino espectáculos mediáticos en los que poco importan las propuestas serias y se basan en promesas que construye la mercadotecnia.

Cual empresas mercantiles, partidos no dudan en violar de manera sistemática la ley, para tener ventajas ilegales sobre sus competidores. Jóvenes promesas de sus partidos, que ganaron sus elecciones en distintas entidades, ahora están presos o tienen órdenes de aprehensión ante los desmedidos hechos de corrupción. Pero una veintena más debería estar en capilla.

En Oaxaca, la esperanza democrática que condujo a la alternancia en 2010, terminó en un caos, con déficit financiero, acusaciones de corrupción desmedida, altos niveles de inseguridad, amplias zonas de ingobernabilidad. Esto es, sólo equiparable a los gobiernos que lo precedieron en la docena trágica de Oaxaca (1998-2010). Justo contra los que votó la sociedad oaxaqueña en 2010.

Un peligro justo cuando, como coinciden analistas y reconocen candidatos, en juego se encuentran dos visiones de país: la que marca la continuidad del modelo económico imperante, representados por las candidaturas de Anaya (PAN-PRD-MC), Meade (PRI-PVEM-PANAL) y Zavala (panista “independiente”) y una opción más ligada a la izquierda, a la tradición del nacionalismo revolucionario y opuesto a la depredación económica neoliberal, que encabeza López Obrador (Morena-PES-PT).

Sin embargo, lejos de contrastar propuestas, las mentiras, las campañas sucias, las descalificaciones, como ha sucedido en otras elecciones presidenciales, son las que prevalecen y buscan desorientar el voto; ahora está claro que mayoritariamente ese deleznable ejercicio se dirige fundamentalmente contra el candidato puntero, López Obrador.
Y el empleo de valores antidemocráticos, de mentiras y violencia verbal, es un serio peligro para la democracia. El antídoto, por tanto, es el análisis crítico, la participación informada y comprometida. Ejerzámoslo así en este 2018.

Víctor Leonel Juan Martínez
Correo: victor.leonel@nosotrxs.org
Twitter: @victorleonljuan
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Mujeres privadas de libertad: sin derecho a la justicia y bajo condiciones indignas de reclusión

Mujeres privadas de libertad: sin derecho a la justicia y bajo condiciones indignas de reclusión

En México, el 47.6% de las mujeres se encuentran en prisión preventiva. La situación se agrava en el caso del estado de Durango, en donde el porcentaje es del 80%, y en el caso del CEFERESO No. 16 (femenil) en el que el porcentaje es del 72.34%.

De los 360 centros penitenciarios que hay a nivel nacional, solamente 18 son femeniles (17 estatales y uno federal) y albergan al 42.3% de las mujeres privadas de libertad.

Existen 10 centros penitenciarios en los que no se permite la estancia de menores con sus madres.

Ciudad de México a 8 de marzo de 2018.

En México existen 10 mil 665 mujeres privadas de libertad[1], la mayoría de ellas son jóvenes de escasos recursos, con bajo nivel de escolaridad, madres y con pocas redes de apoyo. Pese a la existencia de un marco normativo claro respecto a los derechos que deben cumplirse durante sus procesos penales y respecto al tratamiento que deben tener durante su estancia dentro de los Centros de Reinserción Social, las mujeres en situación de reclusión se enfrentan, día a día a una serie de condiciones que violan sus derecho a la justicia y a la reinserción social.

Instrumentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres; las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes “Reglas de Bangkok”; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; en los que se establece la obligación de los Estados de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Por otro lado, tanto el artículo 18 de la Constitución como la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen disposiciones en las que se enfatiza la obligación de aplicar la perspectiva de género en la imposición de medidas cautelares y de penas -lo cual implica preferir aquellas en las que no se tenga que privar de la libertad a las mujeres-, en la generación de condiciones dignas para la reclusión y en el desarrollo de programas que permitan el ejercicio del derecho a la reinserción social.

Pese al basto marco normativo en México, el 47.6% % de las mujeres privadas de libertad se encuentra en prisión preventiva, es decir, en espera de una sentencia. Incluso, hay catorce estados en los que la aplicación de esta medida cautelar sobrepasa el 50%, algunos de ellos son: Durango (80%), Oaxaca (72.9%), Chiapas (68.7%), Quintana Roo (66.2%), Tabasco (63.1%). Además, del CEFERESO No. 16 CPS Femenil Morelos tiene al 72.34% de las mujeres bajo esta medida cautelar[2].

Otro aspecto de trascendental importancia es la carencia de Centros de Reinserción Femeniles. En el país, de los trescientos sesenta centros penitenciarios existen tan solo dieciocho centros femeniles que albergan al 42.3% de las mujeres privadas de libertad[3].

Sin duda, uno de los derechos más valorados por las internas es el de conservar a sus hijos e hijas bajo su cuidado en condiciones dignas. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), existen diez centros penitenciarios en los que no se permite la estancia de menores de edad con sus madres, las entidades en las que se encuentran estos centros son: Baja California, Jalisco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Yucatán, Chiapas y Nayarit[4].

Además, en aquellos en los que sí se les permite la estancia, los menores carecen de servicios de salud, alimentación y educación adecuados a sus necesidades.

En el marco del Día Internacional de la Mujer desde ASILEGAL instamos a las autoridades judiciales y penitenciarias a garantizar el derecho al accesos a la justicia y a la reinserción social de las mujeres desde una perspectiva de género a partir de la generación de condiciones de internamiento dignas para esta población y del desarrollo de programas de reinserción social que consideren sus condiciones y contextos específicos tal como lo establece nuestro marco constitucional.

[1] Secretaría de Gobernación; Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (noviembre de 2017).
[2] Datos obtenidos a través del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (noviembre de 2017), de la Secretaría de Gobernación. Los demás estados con más del 50% de mujeres en prisión preventiva son: Jalisco (62.2%), Baja California Sur (55.5%), Michoacán (55.24%), Zacatecas (55%), Sonora (54.1%), Veracruz (53.6%), Tamaulipas (53.1%), Colima y Tlaxcala (52.3%).
[3] Ibídem.
[4] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana; 2015; Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2015_IE_MujeresInternas.pdf

La soledad de Anaya

La soledad de Anaya

De lo que no puede atacarse o criticarse a Ricardo Anaya es de que carezca de audacia y temeridad. Una y otra vez, como lo ha hecho por meses, se defiende retóricamente de acusaciones por corrupción. Ni el gobierno federal ni sus voceros en la prensa han podido mostrar la bala de plata que lo elimine, pero tampoco él ha mostrado documentación contundente que haga que los señalamientos queden en lo que afirma reiteradamente, que se trata de una persecución política para sacarlo de la contienda presidencial. En el chapoteadero de palabras en las que se encuentran Anaya y sus principales detractores, hay imágenes que no ayudan al candidato y alimentan la sospecha. Sobre todo, la forma como la maquinaria política del PAN y sus aliados no lo ha arropado en estos momentos de crisis.

El domingo fue la última demostración de que Anaya es una papa caliente donde sus aliados están dudando en tomar postura a su favor. En su exigencia a que el presidente Enrique Peña Nieto sacara las manos del proceso electoral, el candidato apareció rodeado por sus asesores Santiago Creel, Marco Adame y Emilio Álvarez Icaza, y el presidente del PAN, Damián Zepeda, junto con los líderes del PRD, Manuel Granados, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, además de los jefes de la corriente de Los Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, y de su escisión de Los Galileos, Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Dónde quedaron los gobernadores panistas? ¿Los perredistas? ¿Por qué no estuvo Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México? ¿Será acaso porque los gobernadores dudan de su inocencia?

El arropamiento político de Anaya no cuaja. El PAN vive una crisis estructural donde corrientes del partido, en donde se encuentran grupos que no tienen la mejor relación, encabezados por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, están unidos en su contra. Parte de los gobernadores panistas están distanciados de él, o como el de Querétaro, Francisco Domínguez, y el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, enfrentados a él; Domínguez, que autorizó que desde su gobierno proporcionaran los documentos de sus operaciones inmobiliarias que terminaron en El Universal, y el segundo, operando electoralmente en contra de Anaya en las elecciones del Estado de México.

La falta de este acuerpamiento es proporcional a cómo desde la campaña priista de José Antonio Meade están agudizando las contradicciones. “No lo vamos a soltar”, dijo uno de los generales de la campaña. El líder del PRI, Enrique Ochoa, y el coordinador de la campaña, Aurelio Nuño, parece como si estuvieran quemando sus naves en sus ataques contra Anaya. Tan radicales se muestran, que la pregunta es qué tanto más saben para elevar el costo político de Anaya por no responder con documentos en las manos, para buscar provocarlo.

Las autoridades judiciales sí tienen indicios de que Anaya puede ser sujeto de un proceso por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Las pesquisas se han ampliado de la operación inmobiliaria en la que el eje de una triangulación financiera presuntamente ilegal fue el empresario queretano Manuel Barreiro, a la Fundación Por Más Humanismo, que fundó Anaya en 2009, después de renunciar a la secretaría particular del entonces gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón. Los detalles de esa fundación fueron circulados a través de correos electrónicos a varios periodistas, y uno de ellos, Álvaro Delgado, de Proceso, los publicó a principios de febrero, explicando cómo ese organismo podría considerarse ‘fantasma’. Otra línea de investigación, deslizada este domingo por el presidente del PRI, son los llamados ‘moches’, como se denomina al desvío de unos dos mil millones de pesos del Ramo 23 que se destina a municipios, que desde hace meses militantes del PAN han denunciado que se dieron durante la presidencia de Anaya en el partido.

Pero la Procuraduría General de la República ha actuado, hasta ahora, de una manera deleznable, mezclando el sigilo de las carpetas de investigación con posiciones políticas que inciden en el proceso electoral. Sin embargo, la torpeza del procurador interino, Alberto Elías Beltrán, no debe frenar que haya un esclarecimiento de este caso. No a periodicazos, como ha sido hasta ahora, sino mediante un proceso apegado a derecho por parte de la autoridad, sin brincar a conclusiones ni utilizar cortinas de humo para politizar la justicia. Anaya también nos debe la presentación de pruebas bancarias que demuestren que sus dichos tienen sustento documental, y que los señalamientos, en efecto, son propaganda negra para descarrilarlo.

Hay que disipar el humo y que cada quien valide su dicho. Después de todo, que no se nos olvide, se trata de un candidato presidencial. Si la PGR tiene las evidencias que apunten a un delito cometido por Anaya, que actúe rápido, en consecuencia y sin contemplaciones. Si Anaya tiene las pruebas que demuestran su inocencia, que exhiba sus declaraciones fiscales y las de su familia y socios –aunque son privadas, la candidatura presidencial exige que se hagan públicas–, así como los documentos financieros que comprueben que tal como lo ha dicho públicamente, él dejó de tener una relación orgánica con la fundación y la empresa inmobiliaria en las fechas que lo aseguró. Esta inconsistencia es la que parece encontrarse en el trasfondo de la falta de apoyo de los gobernantes en la alianza electoral, que no le está ayudando, y que al reflejar la desconfianza que crece en torno a su candidato presidencial, lleva a pensar que quizás Anaya no era la mejor opción que tenían para la contienda.

Por: Raymundo Riva Palacio